A diferencia de lo que ocurre en el plano nacional, la alianza entre el kirchnerismo y el Sindicato de Camioneros permanece intacta en Santa Cruz y beneficia a oscuros personeros de la política local.

La Agencia AIMSA de Santa Cruz sacó a la luz la semana pasada la realidad que viven las empresas exploradoras mineras de esa provincia, que desde hace tiempo son acosadas por el gremio moyanista de esa provincia con el aparente objetivo de favorecer a un grupo empresario ligado al peronismo santacruceño.

Como en el "Far West", las amenazas reiteradas, los ataques a campamentos, la violencia física y material, los incendios, son desde hace dos años la práctica cotidiana del gremio que conduce Juan Almada y que tiene como blanco una veintena de empresas que buscan oro y plata, la mayor parte en el rico Macizo del Deseado. Algunas de ellas, en sociedad incluso con la estatal Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz).

En enero, las mineras nucleadas en la cámara minera provincial Camicruz plantearon la insostenible situación a la administración del gobernador Daniel Peralta, pero la escalada camionera no ha cesado.

Bajo el pretexto de la ley provincial que estipula que las mineras deben respetar un "compre local" del 70%, el gremio de choferes ha obligado a Patagonia Gold, Cerro Cazador, Minera Mariana, Estelar Resources, Cerro Negro, Minera Andes, entre otras empresas, a contratar a firmas santacruceñas para transportar el agua, un insumo básico de las perforaciones geológicas.

Los mineros denuncian que son continuamente atacados y amenazados y la presión gremial siempre conduce a lo mismo: a beneficiar a una empresa en particular, Transportes Álvarez, propiedad de Leonardo Álvarez, un ascendente empresario que hace cuatro años tenía cuatro camiones desvencijados y hoy exhibe una flota de más de 40 unidades.

Un dato llamativo es que los servicios de Álvarez cuestan diez veces más, unos 80.0000 dólares por mes, que los que paga cualquier minera en el país.

Álvarez es, además de empresario exitoso, un político en ascenso. En octubre pasado fue elegido diputado provincial por el Frente para la Victoria (FpV), ha sido vicepresidente de la Federación Económica de Santa Cruz y preside la Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián, un órgano privado estatal financiado en su mayor parte por la minera vecina Cerro Vanguardia.

Para su ascenso político y económico desde San Julián, Álvarez ha contado con un abanico de respaldos entre los que destacan los propios camioneros de Almada, el gobernador Peralta, el hoy alicaído ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el secretario de Minería, Jorge Mayoral.

Una pieza clave en el incesante avance del Sindicato de Camioneros ha sido el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Raúl Santibáñez.

Según recuerdan los empresarios mineros, la primera expresión de esta alianza camionero-kirchnerista se vio en mayo de 2009 cuando una patota armada y violenta copó la mina San José, propiedad de la minera peruana Hochschild durante cuatro días para forzar un laudo provincial que reconociera que todos los choferes de los vehículos en el yacimiento fueran afiliados al gremio que en el orden nacional conduce Hugo Moyano.

En aquel entonces aún tenía vigencia el romance entre Moyano y el kirchnerismo, por lo que Mayoral presionó a la minera para negociar con los camioneros y terminar con el conflicto. La trascendencia mediática de la violencia de la ocupación y la resistencia del gremio minero AOMA, y de la cámara minera nacional CAEM, impidió la resolución que ya tenía redactada Santibañez. Antes de irse, los camioneros destruyeron parte de las instalaciones de la mina.

Con este antecedente, no extraña que hoy el sindicato minero que conduce Héctor Laplace impulse con entusiasmo la candidatura del metalúrgico Antonio Caló para desplazar a Moyano al frente de la CGT.

Ajenas a todas las internas políticas y sindicales, las compañías mineras, en su mayor parte de capitales canadienses y australianos, ya han asumido que la administración, la Justicia y la policía santacruceña no hacen ni harán nada para evitar la operatoria de los Camioneros, que han llegado a la audacia de destruir equipos, golpear choferes de otras empresas y desguazar camiones de empresas sanjuaninas o mendocinas que trabajaban para las mineras.

Fomicruz, dueña de ricas áreas mineras, aconseja a sus socios extranjeros que exploran en la soledad de la meseta: "Contratar a Álvarez para evitar mayores conflictos".

Ya hay empresas que decidieron no explorar más en Santa Cruz por esta situación, pese a sus atractivos recursos geológicos. "Nada de lo que ocurre en la provincia te puede sorprender", se resigna un afligido empresario que habló con gacetamercantil.com a condición de garantizarle el anonimato. Como otro dato preocupante la fuente señala el reciente apriete del gobierno santacruceño para que las empresas mineras se hagan cargo del presupuesto de Salud de la provincia, a un costo de 15 millones de pesos por mes.